El Real Decreto 1093/2024, recientemente aprobado, establece un nuevo marco normativo para la gestión de los residuos derivados de productos de tabaco con filtros que contienen plásticos y que son de un solo uso. Este nuevo decreto responde a la necesidad de alinearse con los compromisos medioambientales y de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea y contribuye a la transición hacia una economía circular, especialmente en la reducción de plásticos de un solo uso.
¿Qué regula el nuevo Real Decreto?
El objetivo de esta normativa es prevenir y reducir el impacto de los residuos generados por los productos de tabaco con filtros que contienen plásticos, mayoritariamente acetato de celulosa obtenido de la modificación de las fibras de celulosa de origen vegetal. En concreto se centra en la prevención de su abandono en el medio ambiente, promoviendo una mejor gestión de dichos residuos. El decreto incorpora medidas específicas sobre la responsabilidad ampliada del productor (RAP), conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
¿A quién afecta esta normativa?
El Real Decreto afecta principalmente a los productores e importadores de productos de tabaco con filtros y a los filtros comercializados para usarse con productos de tabaco que contienen plástico de un solo uso. Estos actores son responsables de cumplir con nuevas obligaciones en términos de gestión de residuos, marcaje de productos y sensibilización a los consumidores. También impacta a las administraciones públicas y a los establecimientos del sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías), así como centros de trabajo y locales comerciales que deberán facilitar la recogida de estos residuos.
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
Una de las novedades más significativas es la imposición de la RAP a los productores de productos de tabaco. Esta responsabilidad implica que los fabricantes y comercializadores deben financiar el coste de recogida, transporte y tratamiento de los residuos derivados de estos productos. Además, deben cubrir los costes de limpieza de la basura dispersa que estos residuos generan en espacios públicos, así como el desarrollo de campañas de concienciación para el consumidor.
Plataforma electrónica para la gestión de residuos
La nueva normativa establece la creación de una plataforma electrónica para la gestión y el seguimiento de los residuos derivados de estos productos. Los productores deberán inscribirse en esta plataforma y reportar anualmente información sobre la cantidad de productos puestos en el mercado. Esta herramienta permitirá una mayor transparencia y control por parte de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los productores.
Medidas para los consumidores y los espacios públicos
El decreto también establece que las administraciones públicas deben instalar recipientes específicos en espacios donde habitualmente se desechan estos productos, como playas, parques, centros de trabajo públicos y áreas recreativas entre otros. Asimismo, se promueven medidas de concienciación para reducir el abandono de estos residuos en el entorno, especialmente dirigidas a la población más joven.
Plazos y régimen transitorio
El Real Decreto entra en vigor el 24 de octubre de 2024, pero establece un régimen transitorio de seis meses para la adaptación de las empresas y administraciones a las nuevas obligaciones. Durante este periodo, los productores deberán inscribirse en el Registro de Productores de Productos y comenzar a implementar los sistemas de RAP. Asimismo, las administraciones deberán empezar a establecer las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los residuos.
Conclusión
Desde BMC ASSURANCE consideramos que este decreto supone un importante avance en la lucha contra los residuos plásticos, especialmente aquellos derivados de productos de tabaco. Las empresas productoras, administraciones y consumidores tendrán un papel clave en su implementación, siendo la prevención y la correcta gestión de estos residuos un importante paso hacia el logro de los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 y la protección del medio ambiente.